La nueva guerra de la coca en la era plurinacional tiene ribetes algo extraños y paradójicos, pero el resultado es el mismo de siempre, los cultivos de la “hoja sagrada” siguen creciendo y tienden a desbocarse, pues con las nuevas normas que legalizan lo ilegal, el Gobierno tiene muy pocos argumentos para ponerle freno a los que pretendan salirse de los márgenes establecidos.
Decimos extraños por el enfrentamiento encarnizado que ha surgido entre cocaleros de Los Yungas y del Chapare, que nunca fueron cercanos, pero que hoy se lanzan acusaciones muy fuertes. Los productores de La Paz ya no dudan en señalar que sus colegas del trópico producen casi exclusivamente para abastecer al narcotráfico, hecho que deja muy mal parado nada menos que al presidente, que es el principal dirigente de los chapareños.
Decimos que es paradójico, porque justamente el régimen cocalero se ve obligado a reprimir a los productores que pelean por ser incluidos en la reglamentación de la Ley General de la Hoja de Coca, que planea entregar cupos o mejor dicho, certificados de legalidad, para evitar la erradicación. En esta refriega, que ya produjo un muerto en la localidad cochabambina de Colomi, otra vez queda en posición adelantada la gente del Chapare, donde se planea “echar agua bendita” a siete mil hectáreas. Eso equivale pasar de cero a siete mil de un plumazo y obviamente, dejar un espacio reducido a los yungueños y a los productores de Colomi, donde exigen una cuota de 700 hectáreas.
Fue justamente en Los Yungas donde surgieron las primeras protestas, hoy es Colomi, mañana será Apolo y zonas del norte de La Paz y seguidamente Yapacaní, Choré, Madidi, Isiboro Sécure, el Beni y muchas otras áreas donde existen plantaciones de coca y seguramente la aspiración de conseguir la formidable ventaja que lograron los cocaleros del Chapare, fieles exponentes de aquel paradigma: “meterle nomás, aunque sea ilegal”. No hace falta mucho análisis para concluir que la nueva Ley de la Coca, cuyo objetivo es fijar como tope máximo 20 mil hectáreas y con ella dejar tranquila a la comunidad internacional, a la DEA y otros organismos, será muy difícil de aplicar y lo más probable es que se preste al caos y los enfrentamientos.
Los hechos lo están demostrando, no solo por esa muerte y la actitud beligerante que surge en distintos puntos del país, sino por el nuevo reporte que ha hecho público el sistema de Monitoreo de Cultivos de Coca que realizan el Gobierno y la ONU. De acuerdo al representante de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDC), durante el año 2016, las plantaciones de coca se incrementaron en un 14 por ciento, hecho que marca un retroceso muy fuerte, pues durante los cinco años previos se había estado reduciendo. De acuerdo a este informe, la totalidad de la superficie de coca supera los 23 mil hectáreas y el crecimiento se habría dado especialmente en La Paz, donde tendrán que iniciar tareas de erradicación. No cabe duda que el “factor ley” podría haber incidido en este aumento y poner orden será más difícil ahora.
Justamente el régimen cocalero se ve obligado a reprimir a los productores que pelean por ser incluidos en la reglamentación de la Ley General de la Hoja de Coca, que planea entregar certificados de legalidad, para evitar la erradicación.
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