La decisión de una comisión de fiscales de reincautar los bienes del narcotraficante Jorge Roca, alias ‘Techo ‘e Paja’, por más de 600 millones de dólares, abrió una enorme caja de Pandora sobre el manejo de propiedades secuestradas a personas vinculadas con el tráfico de drogas en el país. Según los datos revelados por un informe exclusivo de EL DEBER, los fiscales señalan presuntas irregularidades en la Dirección del Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), que tuvo a cargo los bienes de Roca tras su detención en diciembre de 1990 en Los Ángeles (Estados Unidos).
Heredero del ex ‘rey de la cocaína’ Roberto Suárez Gómez y vinculado a los cárteles de Cali y Medellín, ‘Techo ‘e Paja’ era propietario de un supermercado, un exclusivo club hípico, el edificio de la mutual Guapay y una lujosa residencia en Santa Cruz, además de haciendas ganaderas en el departamento de Beni. Tras su detención, los bienes fueron incautados por el Estado pero, según la investigación del Ministerio Público, terminaron en manos de privados. La Fiscalía ha resuelto convocar a 39 particulares que figuran en una lista de personas que habrían realizado dudosos manejos financieros y acumulación de fortunas con los bienes de Roca.
El caso Techo ‘e Paja II desnuda el manejo arbitrario que se estaría dando en ciertas reparticiones del Estado con bienes de delincuentes vinculados al tráfico de drogas. No es la primera vez que se denuncian las acciones de directivos de Dircabi, por lo que el Ministerio de Gobierno está en la obligación de intervenir para evitar más irregularidades. Hasta marzo de este año, el registro de los bienes administrados por Dircabi llegó a 184 armas, 6.250 equipos electrónicos, 1.309 inmuebles, 5.050 medios de transporte, 22 semovientes o ganado, 4.433 sustancias controladas, 4.896 tarjetas bancarias y cheques, y 1.110 en artículos varios.
Hasta 2015, la propia Dircabi inició procesos judiciales contra al menos 103 exfuncionarios de gestiones pasadas por los delitos de uso indebido de bienes del Estado, incumplimiento de deberes, entre otros, por el uso indebido de propiedades incautadas. Cabe esperar, entonces, que el caso Techo ‘e Paja II permita un saneamiento de los recursos que administra el Estado procedentes de organizaciones delictivas. En el marco de la mayor transparencia, dichos bienes se podrían utilizar para los sectores de seguridad, salud y educación, tan necesarios para el desarrollo de los bolivianos.
Los violentos aborrecen el diálogo, prefieren resolver los conflictos con el uso de la fuerza física, las armas, la tortura y el miedo. Los que aman la paz, se oponen al uso de las armas y buscan por sobre todas las cosas el entendimiento, la fraternización.
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sábado, 21 de mayo de 2016
600 millones de dólares en bienes incautados a Techo de Paja un narcotraficante famoso en Bolivia, se han hecho gas. prácticamente se esfumaron en medio de administradores del Bienes Incautados entre los que figuran más de un mil casas y 1.100 vehículos en poder del Estado. El Deber se ocupa del tema.
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