El Gobierno persiste en los errores y los despropósitos cuando tratan de dar señales que lleven tranquilidad a los hogares del país, mientras la ola criminal no se detiene. En primer lugar se niega a admitir que detrás de todo este fenómeno que parece agigantarse, se esconden las mafias del narcotráfico, de donde brota violencia, dinero mal habido, tráfico de armas y asesinatos. El próximo paso serán los secuestros, las matanzas colectivas, los escuadrones de la muerte, los ataques a la Policía y a las instituciones del Estado, algo muy común en México y que podría ocurrir en Bolivia, según lo han advertido connotadas personalidades de nivel internacional, incluidos especialistas de la ONU.
En los últimos años Bolivia ha sido zona de tránsito de ciudadanos extranjeros de dudosa reputación que han llegado auspiciados por el Estado Plurinacional. El nuevo régimen le abrió las puertas a sujetos que estaban bajo sospecha de terrorismo e incluso hay evidencias de que se ayudó a escapar a individuos que habían cometido crímenes en Paraguay. Hubo también denuncias de la presencia de personajes vinculados a las FARC y otros grupos extremistas.
Desde hace mucho se advierte de la actuación de cárteles de la droga en Colombia, México y últimamente incluso de Brasil. Y ahora que todo indica que esta permisividad gubernamental ha derivado en la proliferación del fenómeno conocido como el “sicariato”, se anuncian medidas de corte abiertamente xenófobo que buscan estrellarse contra los extranjeros, con fines netamente políticos e ideológicos.
En Bolivia y especialmente en Santa Cruz circulan decenas de miles de motocicletas sin placa, sin documentos y sus conductores no tienen permisos de conducir. Existe un decreto que permite que sus propietarios puedan adquirir combustible sin ningún tipo de restricción. Jerarcas del MAS en el norte cruceño son los principales importadores de motocicletas chinas, que, sin duda alguna son un factor determinante en el crimen organizado, tal como ocurrió en Colombia, donde los matones a sueldo y los secuestradores usaban estos veloces y versátiles vehículos para cometer sus fechorías. El Gobierno se niega a ponerle freno a este problema que se vuelve una gran amenaza y más bien ha sido un factor coadyuvante con el crimen, al legalizar el delito, pues ese mismo ocurrió con los autos “chutos”, utilizados muchas veces para trasegar gasolina hacia las fábricas de cocaína.
La seguridad ciudadana es un problema que se puede atacar con medidas muy sencillas en Santa Cruz, una ciudad que aún no ha alcanzado los niveles de inseguridad de otras capitales latinoamericanas donde la acción de las pandillas, los métodos de bandas mimetizadas en las villas miserias y los inmensos bolsones de miseria, provocan serias complicaciones. Lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas es nada más que un tipo de violencia de características muy particulares, aunque las autoridades traten de volcar la mirada hacia el lado incorrecto.
Cuando menos, deben hacer una modificación sustancial en su política de seguridad, de tal manera de permitir que la Policía se ocupe de proteger al ciudadano en lugar de ser nada más que el brazo represor al servicio del Estado, que en su afán de politizar a la institución, ha acentuado problemas como la corrupción y la existencia de bandas policiales internas vinculadas al narcotráfico.
En los últimos años Bolivia ha sido zona de tránsito de ciudadanos extranjeros de dudosa reputación que han llegado auspiciados por el Estado Plurinacional. El nuevo régimen le abrió las puertas a sujetos que estaban bajo sospecha de terrorismo e incluso hay evidencias de que se ayudó a escapar a individuos que habían cometido crímenes en Paraguay. Hubo también denuncias de la presencia de personajes vinculados a las FARC y otros grupos extremistas.
Desde hace mucho se advierte de la actuación de cárteles de la droga en Colombia, México y últimamente incluso de Brasil. Y ahora que todo indica que esta permisividad gubernamental ha derivado en la proliferación del fenómeno conocido como el “sicariato”, se anuncian medidas de corte abiertamente xenófobo que buscan estrellarse contra los extranjeros, con fines netamente políticos e ideológicos.
En Bolivia y especialmente en Santa Cruz circulan decenas de miles de motocicletas sin placa, sin documentos y sus conductores no tienen permisos de conducir. Existe un decreto que permite que sus propietarios puedan adquirir combustible sin ningún tipo de restricción. Jerarcas del MAS en el norte cruceño son los principales importadores de motocicletas chinas, que, sin duda alguna son un factor determinante en el crimen organizado, tal como ocurrió en Colombia, donde los matones a sueldo y los secuestradores usaban estos veloces y versátiles vehículos para cometer sus fechorías. El Gobierno se niega a ponerle freno a este problema que se vuelve una gran amenaza y más bien ha sido un factor coadyuvante con el crimen, al legalizar el delito, pues ese mismo ocurrió con los autos “chutos”, utilizados muchas veces para trasegar gasolina hacia las fábricas de cocaína.
La seguridad ciudadana es un problema que se puede atacar con medidas muy sencillas en Santa Cruz, una ciudad que aún no ha alcanzado los niveles de inseguridad de otras capitales latinoamericanas donde la acción de las pandillas, los métodos de bandas mimetizadas en las villas miserias y los inmensos bolsones de miseria, provocan serias complicaciones. Lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas es nada más que un tipo de violencia de características muy particulares, aunque las autoridades traten de volcar la mirada hacia el lado incorrecto.
Cuando menos, deben hacer una modificación sustancial en su política de seguridad, de tal manera de permitir que la Policía se ocupe de proteger al ciudadano en lugar de ser nada más que el brazo represor al servicio del Estado, que en su afán de politizar a la institución, ha acentuado problemas como la corrupción y la existencia de bandas policiales internas vinculadas al narcotráfico.
Desde hace mucho se advierte de la actuación de cárteles de la droga en Colombia, México y últimamente incluso de Brasil. Y ahora que todo indica que esta permisividad gubernamental ha derivado en la proliferación del fenómeno conocido como el 'sicariato', se anuncian medidas de corte abiertamente xenófobo que buscan estrellarse contra los extranjeros, con fines netamente políticos e ideológicos.
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