El Deber pone de relieve la "pregunta incómoda" que lanzó Michael Fitzpatrick que visitó Bolivia como el comisionado de EEUU para América Latina. cuánto de coca necesitan para el consumo interno? y sin respuesta el Gobierno no pudo dar una cifra. porque el estudio existe pero es secreto, mientras como buen diplomático deja abierta la posibilidad de una entrevista Trump Morales siempre y cuando se clarifique este aspecto básico de la producción de coca, mientras persiste la fundada sospecha de estarse destinando casi toda la producción de El Chapare a la cocaína.

Preguntas incómodas

EL DEBER 

                                          

Michael Fitzpatrick, comisionado de Estados Unidos para América Latina, estuvo de visita en el país y dejó algunos mensajes alentadores y también una observación incómoda. Lo dijo en una entrevista exclusiva de EL DEBER, con estas palabras: “Hemos leído las encuestas, pensando que el 69% de la población cree que al duplicarse la cosecha lícita (de la coca) va a haber en el país más narcotráfico. Si no hay una demanda legal vamos a ver más producción de la cocaína en vez de más uso lícito de la coca”. 

Se refiere a que, según los organismos internacionales, no hay una demanda legal para la coca del Chapare, región donde ahora se han autorizado 7.700 hectáreas.

En efecto, siete de cada diez bolivianos, como dijo la encuesta de Mercados y Muestras difundida ampliamente, temen que el incremento de la superficie autorizada para el cultivo de la coca, sin que exista un mercado legal que absorba la producción, termine incrementando el narcotráfico en el país. 

Por eso parece conveniente que las cifras que respaldan la ley de la coca sean revisadas, a fin de que las decisiones sobre áreas de cultivo no terminen perjudicando al país, que es lo que ocurre cuando aumenta el narcotráfico.

El estudio hecho en 2012 sobre el mercado de la coca dice que existen 3.082.000 consumidores, lo que haría necesario que existan 14.705 hectáreas de cultivo, y no 22.000. Es probable que la ley haya contemplado un incremento del consumo, pero quizá sea mejor, para beneficio del país y para que la comunidad internacional no haga más críticas, que se aclaren las cifras relacionadas al destino de la coca que se produce en Chapare.

Y está también el pedido de los cocaleros de Yungas, que exigen un referéndum que permita descubrir cuál es la coca que los bolivianos consumen en el acullico y con fines medicinales, así como ritos y acontecimientos sociales.

Los mensajes alentadores del señor Fitzpatrick se refieren a la buena impresión que tuvo al llegar a Bolivia, por lo que dejó abierta la posibilidad de que el presidente de su país, Donald Trump, tenga una entrevista con el presidente de Bolivia, Evo Morales, dentro de un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas que culmine con la designación de embajadores.

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legalización disimulada, encubierta? se pregunta Humberto cuando se refiere a las cifras de la Ley de la Coca, que no cuadran con la realidad. con razón la Unión Europea que no confía en el informe de Romero, ha pedido un nuevo estudio de la coca, que sea más coherente con la realidad.

Propuesta boliviana
Humberto Vacaflor Ganam


Dice Sandro Calvani, ex funcionario de la ONU en Bolivia, que la cocaína fue separada por primera vez en el mundo en la Farmacia y Droguería Boliviana, de la calle Ayacucho de La Paz, a cargo del italiano Enrico Pizzi, según figuró en la Gaceta Oficial del 30 de junio de 1858.

Parece correcto, por lo tanto, que sea el gobierno boliviano el que ahora esté propiciando la legalización de la cocaína en el mundo, y el presidente se haya convertido en el mayor vocero de esa corriente.
La nueva ley de la coca proclama, abiertamente, que el gobierno boliviano legaliza 7.700 hectáreas de cocales cuya producción está destinada, en 94% según las cifras de la ONU, a la producción de cocaína.

Las cifras sobre el consumo de coca en que se basa la nueva ley no estaban, ciertamente, a cargo de un doctor en matemáticas. Ni siquiera a cargo de un maestro en aritmética. Son tan groseras que dejan abierta la sospecha de que todo esto se trata, en realidad, de una propuesta para legalizar la cocaína en el mundo.

Dice el estudio que en Bolivia existen 3.082.000 consumidores de coca y que, sumadas las exportaciones disimuladas e ilegales, justificarían la existencia de 14.705 hectáreas de cocales en el país.

Pero la ley, que está basada en esas cifras, dispone que existan 22.000 hectáreas de cocales. La diferencia son las 7.700 hectáreas del Chapare.
Sin ruborizarse, el ministro de Gobierno dice que, en realidad, de los 3.082.000 consumidores, sólo 1.125.483 (37% del total) son los que acullican la coca.

Para atender la demanda de los 3.082.000 consumidores se necesitaría destinar al cultivo de la hoja 9.246 hectáreas en Yungas. Si esos consumidores aceptaran consumir la coca del Chapare, la superficie necesaria sería de 5.547 hectáreas, por la diferencia en el rendimiento.
Pero si vas a atender unicamente la demanda de los acullicadores de todo el país, sólo se necesitan 3.376 hectáreas en Yungas.

Así se explica que el ministro Romero haya tenido que ir a Europa perdiendo los calcetines. Y que la Unión Europea esté exigiendo ahora un nuevo estudio de la coca. Las cifras no cuadran.

La única explicación sería que el gobierno boliviano está proponiendo, de veras, legalizar la cocaína.Vacaflor.obolog.com

Marcelo Aloysio de Clarín escribe "la moderna organización de los narcos" para controlar sus exportaciones de cocaína desde Bolivia, Colombia, Perú a los mercados africanos y de allí a España generalmente Tenerife e Ibiza.

Es una forma de calcular y explicar el avance de la penetración narco en la Argentina. Así como existe el índice Big Mac, que supone plantear una comparación en términos de poder adquisitivo de la población mundial para conocer el costo de cada país, hay un indicador para mostrar el índice de penetración del narcotráfico: el precio del kilo de cocaína FOB, es decir el precio de un producto puesto arriba de un buque.

Este índice se define por la aplicación efectiva del código procesal penal, la eficiencia de las fuerzas de seguridad (o su nivel de desorganización y corrupción), y por último, el costo de la materia prima y la capacidad de lavar dinero. Después de Bolivia, Colombia y Perú, Argentina tiene uno de los precios más baratos del mundo: U$S 5.000 por kilo, lo explica el fracaso de todo tipo de política de Estado desde el 2001 hasta la fecha, sin hablar de complicidades directas o indirectas desde el poder político. Cuanto más bajo sea el índice de cocaína FOB, mejor será su utilidad al exportarla. En el ambiente narco argentino le dicen “coronar” a lograr vender su “lata” (un contenedor) en España o Italia. Si los narcos “coronan”, los U$S 5.000 iniciales del costo se convertirán en unos U$ 44.000.

En cambio, otros “coronamientos” dejan más ganancias. En Japón el valor actual es de U$ 200.000, en Estados Unidos es de U$ 222.000 y en Alemania el valor es un 30% superior al español. El costo de comprar cocaína aquí surge y así lo calculan los narcos –que piensan como empresarios- según el estudio de varias causas judiciales se divida así:

 precio promedio de sobornos para jueces y fiscales corruptos, precio de la materia prima (pasta base comprada en países cercanos y su producción, y precio de la protección policial y de la ayuda de “los soldaditos”. Al primer costo también se le aplica un coeficiente de corrección que se basa en las bajas tasas de condenas firmes por complejos vericuetos del código penal procesal argentino y, en el peor de los casos, de su efectiva duración de la condena. El tercero, es uno de los más bajos del mundo gracias a un perverso sistema donde a los chicos que “cocinan” la cocaína se les paga con dosis de paco, y pueden estar hasta 5 días despiertos trabajando merced al acceso ilimitado de ese residuo de la elaboración en los laboratorios clandestinos. Entonces tenemos nuestro primer esquema contable de contabilidad narco:

costos fijos, costos variables, previsiones y provisiones. Además, los nuevos narcos les también pagan con paco a miles de “soldaditos” que, a su vez, se lo venden a otros cientos de miles a valor de desesperación. Para la exportación los narcos usan lo que llaman “los ingenieros”, quienes usualmente merced a su creatividad y su intercambio internacional de experiencias logran ir mutando las formas de penetrar suelo europeo. Cocaína escondida en ropa, máquinas viales usadas, motorhomes, muebles, matafuegos, entre otros. La lista es casi infinita. El costo financiero y el riesgo de perder toda una carga los nuevos narcos lo lograron reducir creando “fideicomisos” de la droga. No es, como antes, cuando un cartel que se encargada de todo. Hay un organizador que se encargada de ofrecer a terceros una inversión con una utilidad promedio de 3 a 1 por 4 meses de colocación de su plata. De esa forma diversifican el riesgo entre al menos 8 inversores por “lata”.

En general, no mandan las “latas” directamente a Europa, sino la triangulan vía un país africano. Los nuevos narcos saben usar la falta de controles, tanto en puertos argentinos como en uruguayos, para exportar la “lata” y la corrupción de las aduanas de países de Africa Occidental. Como un commoditie, dejan “enfriar” la “lata” en Africa hasta que llegue la temporada verano de Ibiza y Tenerife y aumenten los precios. En otras palabras, para los nuevos narcos los argentinos somos corruptos, baratos, e ineficientes.

Carlos Valverde dice...si porque una campaña determinada no tiene éxito,, o un programa del conglomerado de naciones no culmina con aplausos habría que dejarlo todo y no hacer nada...o sea la lucha contra la droga, tiene que continuar no queda otra y con el aporte de todos para lograr sus objetivos....

“...a la luz de datos oficiales coincidimos en que la estrategia denominada de guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo Carlos Romero en Viena (Austria), con ocasión de celebrarse la 60.ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (NNUU).

Ligera y hasta caprichosa y maniquea interpretación del ministro, porque mantener una lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una lucha, aunque desigual, obligatoria, de parte de los estados. Es una obligación hacerlo y, evidentemente, mientras más consumidores y dinero haya en juego, mientras más tecnología y más alto el nivel de violencia de los narcotraficantes, más dificultades tendrán los organismos de represión para lograr el objetivo de mantener a la población libre de drogas. En el caso puntual de nuestro país, cocaína (pasta base incluida, como producto también de exportación) y marihuana (nuestro país es el segundo productor de Sudamérica).

Se me ocurrió, mientras leía lo dicho por el ministro Romero, ver qué otras “luchas, represiones o guerras” parecen estar perdiéndose y si acaso por ello se sugeriría aumentar los ‘disparadores’ (sembrar más coca es un ejemplo) o liberar alguna de las causas que los generan (supongo que quienes practican aquello estarán en condiciones de sugerir “qué se puede liberar”).

En el mundo entero aumenta la trata de blancas, tráfico de menores (hombres y mujeres), la pornografía infantil, el secuestro y la esclavitud de mujeres con fines de explotación sexual, y pregunto: exactamente, ¿qué se debería ‘liberar’ en estos casos?

En Bolivia aumentan inexorablemente el feminicidio y los casos de maltrato a la mujer, pese a la existencia de una ley muy drástica; los juzgados reciben causas por ambos casos y se tienen muy pocas sentencias. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos sin efecto la ley, bajo el argumento de que la administración de justicia tarda? La justicia que tarda, deja de ser tal.

Vamos a temas más simples: las calles, los mercados, los comercios en Bolivia están llenos de contrabando de ‘todo’; ¿se libera el ingreso de lo que entra, porque igual va a entrar y la gente quiere comprar? Los municipios del interior del país están llenos de vehículos sin papeles (de cualquier marca o tipo); ¿es correcto pedir “otra y otra y otra nacionalización”?

Reclamo un discurso más coherente a quienes nos representan fuera de las fronteras, no sea que a alguien se le ocurra sugerir que ante el aparentemente evidente “fracaso de alguna de las guerras” libradas por el Estado en nombre de sus ciudadanos y, sobre todo, en resguardo de su salud física y mental se plantee luz verde al uso o al disfrute de aquello, salvo que la intención sea “liberarlo todo”. En ese caso, debieran ser claros al decirlo, para saber a qué atenerse        

el Chapo compraba cocaína en Bolivia a 2.500 dólares el kilo, transportada a México la revendía en 20 mil, 10 veces más a minoristas que la introducían en EEUU., los datos los trasmitió un periodista español David Beria.in que se infiltró en el cartel de Sinaloa y conoció los pormenores.

Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘Chapo’, el narco mexicano que se encuentra detenido en Estados Unidos, mantuvo negocios con narcotraficantes bolivianos. El Cártel de Sinaloa, organización de la cual era líder, compró cocaína boliviana y luego la transportaban a Culiacán (México), donde revendían el mismo producto a intermediarios, que después introducían la droga en Estados Unidos y la comercializaban veinte veces más cara. El Gobierno boliviano desconoce el hecho y estas operaciones. 

La revelación la hizo el periodista español David Beriain que se infiltró en las actividades del Cártel de Sinaloa después de que el ‘Chapo’ fuera detenido en México (8 de enero de 2016). El cronista, experto en coberturas de guerra, reveló al diario The Huffington Post (versión mexicana) que Guzmán Loera y su familia tenían contactos en Bolivia, Perú y Colombia, países de donde compraban la cocaína y luego la revendían en su país a minoristas independientes.

“El ‘Chapo’ Guzmán y su familia prácticamente no han exportado nunca cocaína a Estados Unidos, porque lo que ellos hacen es traerla de los países productores como Perú, Bolivia o Colombia, a Culiacán (México). La compran a $us 2.500 el kilo. La venden en Culiacán a $us 17.000. ¿A quién se la venden? A minoristas independientes que luego la pasan (a EEUU)”, informó Beriain al periódico digital, que tiene origen en Estados Unidos y versiones en varios países del mundo.   

César Huerta, periodista del diario El Universal y del medio electrónico The Huffington Post, confirmó que la entrevista es auténtica. Beriain no respondió porque estaba filmando el documental. 

Gobierno lo desconoce
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que desconoce esa información y que su colega Carlos Romero, de la cartera de Gobierno, tendrá que informar hoy al respecto, cuando retorne de Viena (Austria), donde participó de la sesión de Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Este medio llamó a la autoridad y su teléfono móvil estaba apagado.

El periodista español estuvo cuatro meses infiltrado en filas del Cártel de Sinaloa. Beriain realizó esa acción para elaborar el documental El Clandestino, que se difunde por el canal por cable Discovery. El cronista pasó momentos con capos narcos, quienes le contaron todos los negocios que realizan.

En otra entrevista a radio Fórmula de México, el periodista insistió que el “negocio real” del Chapo Guzmán era comprar cocaína de Bolivia, Perú y Colombia para luego venderla a minoristas independientes.

El exministro de Gobierno Hugo Moldiz advirtió en marzo de 2015 sobre la relación del excomandante de la Policía boliviana Óscar Nina, detenido en la cárcel de Palmasola, con el hijo de Guzmán Loera. La exautoridad reveló que el primogénito del delincuente llegó a Santa Cruz.

“Él (Jesús Guzmán) pasó cursos de pilotaje en el país y tuvo relación con algunos miembros de la Policía vinculados especialmente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), entre ellos Nina”, afirmó Moldiz esa época 

juicio a Leopolldo es nulo. debió ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia. Evo llevó demasiado lejos su odio y resentimiento. la población sabe quiénes son los asesinos, aunque la "victoriosa sea la impunidad" Duras palabras de El Dia de SC sobre la condena reciente.

Toda una confesión

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En lugar de ser una condena, la sentencia contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, es toda una confesión. Es la constatación de cuán podrido (palabras del vicepresidente) está el sistema judicial boliviano y, paradójicamente, de lo sujeto que se encuentra al poder político, pues fue el propio Álvaro García Linera el que les ordenó a los jueces declarar culpable al dirigente pandino, a quien nadie pudo probarle absolutamente nada en casi nueve años de juicio. 

El presidente Morales se ha declarado molesto por la sentencia aplicada a Fernández. Considera que 15 años son muy pocos para alguien acusado de la muerte de 13 personas, de haber impulsado el separatismo y de traición a la patria. Bastaba con que mencione el hecho de ser opositor, el peor delito que se puede cometer en estos tiempos, en los que en régimen no ha ahorrado ni recursos ni escrúpulos para enjuiciar, perseguir y encarcelar a los que piensan diferente.

Pero afortunadamente hay quienes todavía tienen un resto de pudor en esta justicia secuestrada, que opera con la pistola en el pecho y que a pesar de todo ha emitido una sentencia que no hace más que denunciar un caso de manipulación en el que la única victoriosa ha sido la impunidad. Tal vez queden para siempre en la oscuridad los nombres de aquellos que jalaron el gatillo aquel día en El Porvenir, de los que prepararon las emboscadas y de los que organizaron todo para provocar los enfrentamientos. La población sabe quiénes son, pero una vez más la ley es pisoteada por los que detentan el poder.

El juicio a Leopoldo Fernández es nulo de principio a fin. El exprefecto, como correspondía con una autoridad de su rango, debía ser juzgado en Sucre, por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pero recordemos que las autoridades políticas descaradamente ordenaron que el caso se ventile en un tribunal ordinario, con el objetivo de garantizar la manipulación. Los derechos y garantías de Fernández fueron sistemáticamente violados y el régimen se encargó de modificar a gusto los plazos procesales, el periodo de detención preventiva y otras prerrogativas del debido proceso, con el fin de mantener al detenido tras las rejas, como un trofeo de guerra, una cabeza en la picota que sirva de escarmiento para quienes tengan la tentación de resistirse a los abusos.

La mejor estrategia de cualquier modelo autoritario es infundir miedo y evitar a toda costa la represión, las muertes, la violencia y los hechos de injusticia como el que ha cometido contra Leopoldo Fernández. En este caso, al igual que lo sucedido con la matanza del hotel Las Américas, el gobierno llevó demasiado lejos su odio y su resentimiento y eso a la larga tiene muy duras consecuencias.

El juicio a Leopoldo Fernández es nulo de principio a fin. El exprefecto, como correspondía con una autoridad de su rango, debía ser juzgado en Sucre, por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pero las autoridades políticas descaradamente ordenaron que el caso se ventile en un tribunal ordinario, con el objetivo de garantizar la manipulación.

Manfredo Kempff fue parte del Gobierno cuando Bánzer lanzó la consigna "coca cero" aclara que regía la orden para El Chapare y que Los Yungas no se tocó, ahora al aumentar la coca, habrá más droga para mayor padecimiento de Argentina y Brasil, regocijo de cocaleros y "vanagloria" del mandamás. qué triste!

Más coca, más droga

El Gobierno puede decir lo que quiera respecto de la nueva ley de la coca, pero hasta el más despistado de los ciudadanos sabe que si se cultiva más coca habrá más cocaína. Que diga lo que quiera S.E. y sus voceros; sin embargo, pasar de 12.000 hectáreas (ha) de hoja a 22.000 es una desvergüenza, esencialmente en lo que corresponde a las 7.700 que benefician a Chapare, donde, se sabe, el 93% no pasa por el mercado legal, es decir que va al narcotráfico.

S.E. afirma que cuando llegó al poder, los neoliberales permitían el cultivo de 37.000 ha de coca. No sabemos de dónde ha salido esa cifra. El Gobierno tiene expertos en estadísticas que hasta hacen creer que somos el país económicamente más exitoso en Sudamérica. Por lo menos, cuando la administración democrática del general Banzer –eso me consta–, en Chapare solo quedaban 600 ha, lo que quería decir que la coca destinada al narco estaba siendo erradicada de verdad. En lo que hace a los cocales de Yungas no había problema, porque se ceñían a la ley.

S.E. afirma también que se quería imponer ‘coca cero’ en todo el territorio nacional. No es cierto, porque la ‘coca cero’ era solo para el trópico cochabambino, que ahora obtiene una enorme bocanada de oxígeno cuando se le permite cultivar 7.700 ha. Claro, todo en paz, sin un gas lacrimógeno siquiera, pero no porque este Gobierno sea más respetuoso de los derechos humanos que los anteriores, sino porque S.E. es el jefe de las seis federaciones de cocaleros de Chapare y acaba de cumplir con un objetivo político que reverdece su poder.

 Ya está desatada la campaña publicitaria para convencer a la ciudadanía de las bondades de ‘enterrar’ la Ley 1008. Aparecieron en la tele los jarabes, pomadas, mates, tortas, panes, licores, de lo que llaman la industrialización. Todo eso es una bagatela, no significa nada, porque la única industrialización importante es la cocaína. En el país de los sofistas y de los mentirosos se da gato por liebre sin el menor problema. Lo único cierto es que habrá más droga destinada al contrabando.

¿Qué dirán EEUU y la Unión Europea? No creemos que al Gobierno le importe mucho. Total, ellos tienen las cifras de la ONU que de manera inaudita los encubren. Pero donde el tema se va a poner difícil va a ser en el vecindario, permanentemente avasallado por la cocaína. Brasil y Argentina están hasta la coronilla con este Gobierno, al que no le creen nada. Hay sujetos que echan inmundicias en las puertas de las casas vecinas y no por eso dejan de tolerarlos, aunque sea por educación