Mauricio Aira
Tema recurrente que no abandona el debate, persiste a lo largo de los años, su origen cuando los productores de coca, mostrándose como víctimas de la represión de los años 2.000, querían reivindicar sus Derechos Humanos, mellados por las acciones políticas destinadas a erradicar el arbusto y llegar al ideal de “coca cero”. Según el fundador del MÁS, Filemón Escóbar los cocaleros constituidos en su gran mayoría de ex mineros relocalizados en El Chapare, necesitaban de un instrumento político para participar y alcanzar el poder, una vez colmado su deseo obtuvieron como su mayor beneficio el derecho al cato de coca por familia.
La justificación jurídica fue aceptada por el parlamento por cuando sus ideólogos aseguraron que sería la mejor forma de controlar y “monitorear” el cultivo de la hoja cuya producción quedaría sujeta al famoso “control social”, presentado como el mecanismo ideal para ejercer una vigilancia comunitaria infalible y casi automática.
Así conceptuado el cato entró a la legislación casi sin oposición y ha estado funcionando en medio de las federaciones del trópico con el apoyo de la Unión Europea que respaldó la iniciativa y la ejecución del “control social” como la mejor forma de evitar excesos sin despojar al productor de su derecho al consumo. Hasta ahí la teoría, aunque en la práctica sucedió lo contrario. Habida cuenta que el 93% de la hoja de coca producida en El Chapare, se destina a la producción de cocaína y solo el 7% es para el masticado, mercado casi exclusivo de la hoja de coca de los Yungas biológicamente más apta para el consumo tradicional dicho de otro modo el cato de los chapareños está siendo utilizado para producir tanta cocaína como nunca antes en la historia de Bolivia.
Se explica entonces que la Administración Morales hubiese tratado de frenar los informes de la ONU, de la OEA, del Departamento de Estado y de los gobiernos que nos circundan Brasil, Argentina y Chile principalmente interesados de verdad en ofrecer un cuadro de la realidad en cuanto a la producción de hojas de coca, a la producción de cocaína y sobre los cuantiosos ingresos que genera esta ilícita economía al punto que resultándole al Estado tan difícil de controlar, el lavado de dólares hace aparecer a Bolivia como “peligrosa región que contamina la economía legal y corriente”. De regreso al cato familiar se está dando un fenómeno efecto, y es que las familias no quieren compartirlo con todos sus miembros, los jóvenes quieren para sí otras parcelas y cada una con su cato de coca, alguien comentó que se quiere evitar lo mismo que sucedió con la Reforma Agraria, al dividirse la parcela asignada por el INRA a cada núcleo familiar se produjo el minifundio que al cabo de la tercera generación dejó de significar un bien que justificara la producción agrícola.
El factor comentado está incidiendo sin duda en las malas nuevas que afectan a Bolivia. Primer productor – proveedor del mercado latinoamericano; la coca es utilizada en un enorme porcentaje para producir cocaína; alarmante criminalidad en torno al narcotráfico que ha creado inseguridad ciudadana, disminución de la actividad turística y hotelera, reducción de las inversiones en todos los rubros especialmente los vinculados a la industria productiva.
En general se está viviendo una nueva era de la proliferación de bandas narcotraficantes, y la penetración del lavado de dinero en transferencias de capital “negro” con que se está adueñando de gran parte de la propiedad inmueble y de talleres, cooperativas, gasolineras, empresas de transporte, hoteles y espectáculos. Los ejemplos son patéticos y están en cada cuadra de las grandes ciudades de Bolivia.
