El famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar había construido un imperio parecido al de los jeques árabes para cuando las autoridades decidieron meterlo a la cárcel, de donde escapó con cierta facilidad gracias a la red de lealtades policiales, sociales, políticas y militares que había creado. Su encarcelamiento no fue simplemente el resultado de una complicada operación de inteligencia y el minucioso seguimiento que le hicieron las fuerzas de seguridad de su país en combinación con agentes norteamericanos. Fue la derivación de una decisión política que se adoptó en Colombia, cuando el conjunto de la sociedad llegó al consenso de que el narcotráfico iba a destruir el país.
Y tuvieron razón, desde que la nación de la cumbia, el café y las bachatas decidió embestir con fuerza a los cárteles de la droga, la situación económica, el crecimiento, la industrialización, las exportaciones, la educación, la competitividad y casi todos los indicadores han mejorado sustancialmente.
Para tomar la decisión de arremeter contra los reyes de la droga, los colombianos debieron llegar a un consenso general en un momento en el que muchos estaban pensando que un país se puede construir sobre la base de una economía ilegal, con florecientes industrias como el secuestro, el tráfico de armas, la narcoguerrilla y cuando sujetos como Pablo Escobar tenían tomado medio país con un amplio apoyo popular que le sirvió para zafar de sus perseguidores que finalmente lo volvieron a localizar y lo mataron.
En Colombia, como en México y muchos otros países con alta incidencia de las actividades ilícitas, había políticos que defendían casi abiertamente las drogas con argumentos sociales, económicos y porque la “plata fácil” siempre ha sido caldo de cultivo para la politiquería populista.
La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán tampoco es una casualidad. Llega en el momento en el que se ponen en marcha las reformas más importantes de los últimos 30 años en México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto está empeñado en modernizar la economía, abrirla a los capitales internacionales, cuando está decidido a combatir la corrupción, barrer con la burocracia espuria, el sindicalismo paralizante; cuando introduce verdaderos cambios en la educación y cuando genera transformaciones en las Fuerzas Armadas y la Policía, donde ha realizado purgas dirigidas a acabar con las mafias incrustadas en esas organizaciones. La captura del peligroso narco, protegido durante más de una década por el mismo tejido político, económico y social que mantuvo bajo resguardo a Escobar en Colombia, se produce cuando hay una decisión del conjunto de la sociedad para combatir a las drogas y dejar sentado que es posible ganar la guerra cuando se la encara de frente.
El crecimiento del narcotráfico en México, donde floreció después de que fue arrinconado en Colombia, ha tenido amplias repercusiones en toda América Latina, donde se han extendido los tentáculos de organizaciones comandadas por sujetos como el "Chapo" Guzmán. No cabe duda que su captura también tendrá secuelas importantes en todos los campos. Ojalá que sea para iniciar el mismo proceso que dio frutos en Colombia y que comienza a notarse en México.
Y tuvieron razón, desde que la nación de la cumbia, el café y las bachatas decidió embestir con fuerza a los cárteles de la droga, la situación económica, el crecimiento, la industrialización, las exportaciones, la educación, la competitividad y casi todos los indicadores han mejorado sustancialmente.
Para tomar la decisión de arremeter contra los reyes de la droga, los colombianos debieron llegar a un consenso general en un momento en el que muchos estaban pensando que un país se puede construir sobre la base de una economía ilegal, con florecientes industrias como el secuestro, el tráfico de armas, la narcoguerrilla y cuando sujetos como Pablo Escobar tenían tomado medio país con un amplio apoyo popular que le sirvió para zafar de sus perseguidores que finalmente lo volvieron a localizar y lo mataron.
En Colombia, como en México y muchos otros países con alta incidencia de las actividades ilícitas, había políticos que defendían casi abiertamente las drogas con argumentos sociales, económicos y porque la “plata fácil” siempre ha sido caldo de cultivo para la politiquería populista.
La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán tampoco es una casualidad. Llega en el momento en el que se ponen en marcha las reformas más importantes de los últimos 30 años en México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto está empeñado en modernizar la economía, abrirla a los capitales internacionales, cuando está decidido a combatir la corrupción, barrer con la burocracia espuria, el sindicalismo paralizante; cuando introduce verdaderos cambios en la educación y cuando genera transformaciones en las Fuerzas Armadas y la Policía, donde ha realizado purgas dirigidas a acabar con las mafias incrustadas en esas organizaciones. La captura del peligroso narco, protegido durante más de una década por el mismo tejido político, económico y social que mantuvo bajo resguardo a Escobar en Colombia, se produce cuando hay una decisión del conjunto de la sociedad para combatir a las drogas y dejar sentado que es posible ganar la guerra cuando se la encara de frente.
El crecimiento del narcotráfico en México, donde floreció después de que fue arrinconado en Colombia, ha tenido amplias repercusiones en toda América Latina, donde se han extendido los tentáculos de organizaciones comandadas por sujetos como el "Chapo" Guzmán. No cabe duda que su captura también tendrá secuelas importantes en todos los campos. Ojalá que sea para iniciar el mismo proceso que dio frutos en Colombia y que comienza a notarse en México.
La captura de Joaquín Guzmán no es una casualidad. Llega en el momento en que se ponen en marcha las reformas más importantes de los últimos 30 años en México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto está empeñado en modernizar la economía, abrirla a los capitales internacionales, cuando está decidido a combatir la corrupción, barrer con la burocracia espuria, el sindicalismo paralizante.
